Madrid. Agencias. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han reclamado, en vísperas del Día Internacional de las Personas con discapacidad, un «rescate de emergencia» para uno de los grupos «más castigados» por la COVID-19, que les ha situado en «posición de fragilidad extrema».
Los más castigados por la pandemia
En el manifiesto por la conmemoración de este día, las entidades sociales alertan del «impacto exacerbado de la pandemia» en las personas con discapacidad y sus familias y de la «devastación intensa y extensa» que ha afectado a este grupo de la población, así como en sus estructuras y redes de apoyo que siempre han sido «precarias» y ahora son «casi exhaustas».
«Violaciones de derechos sobre las personas con discapacidad»
El comité destaca que a lo largo de estos meses «multitud de informes, estudios e investigaciones evidencian las generalizadas violaciones de derechos sobre las personas con discapacidad», sobretodo con los mayores y califica como «una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos».
«Llevar a cabo una auténtica cogobernanza»
Para conseguir la «anhelada reconstrucción social y económica» el CERMI aboga por una alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, para «llevar a cabo una auténtica cogobernanza».
Un Fondo de rescate de emergencia para el sector social de la discapacidad
Entre las medidas concretas piden la creación «inmediata», en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.
El movimiento social de la discapacidad también pide la adopción de un nuevo marco estatal para la inclusión laboral, para aumentar, en cinco años, la tasa de actividad laboral hasta el 50 %, lo que supondría la «creación de más 200.000 nuevos empleos dignos y decentes».
También aboga por «acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad» y lograr ver implantada la «accesibilidad universal en todos los entornos».
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