Madrid. Agencias. La Comunidad de Madrid afronta la tercera ola del coronavirus con la firme intención de mantener su estrategia contra la pandemia, que por su contraste con la mayoría de autonomías, partidarias de restricciones más severas, ha convertido en una suerte de verso suelto a la región presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Los confinamientos perimetrales en las zonas con más contagios, el uso masivo de test de antígenos y la apuesta por mantener abiertos el comercio y la hostelería son algunas de las líneas maestras del ‘modus operandi’ de Isabel Díaz Ayuso, que insiste en adoptar medidas «quirúrgicas» para no tener que «enfrentar salud y economía».

Madrid, que desde los primeros compases de la pandemia ha sido la región más afectada, sufrió una prematura segunda ola que superó antes que otras regiones para volver a colocarse, con el arranque del nuevo año, entre las comunidades más golpeadas por el virus.

El debate del estado de alarma

Madrid estrenó el curso con los contagios al alza y nada más empezar septiembre, cuando concentraba en torno a un tercio de los positivos de todo el país, decidió limitar a diez personas las reuniones públicas y privadas y reducir aforos en distintos espacios públicos, siendo la norma general el 50 %.

El 21 de septiembre, la región estrenó las limitaciones a la movilidad en las zonas con más contagios, al prohibir la entrada y salida en 37 zonas básicas de salud salvo excepciones, como ir a trabajar o al médico, siguiendo la estela de otras 11 autonomías que ya habían confinado municipios con anterioridad.

El listado de las zonas básicas de salud sometidas a estos confinamientos perimetrales no ha dejado de actualizarse desde entonces, convirtiéndose en uno de los ejes de la estrategia madrileña.

Octubre arrancó con el ‘crescendo’ del pulso entre Madrid y el Gobierno central, que amplió las restricciones de movilidad a los diez mayores municipios de la región, incluida la capital, decisión que la Comunidad llevó a los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la orden ministerial, y el 9 de octubre el presidente, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma en Madrid para poder mantener el confinamiento perimetral adoptado.

Con la entrada en vigor del actual estado de alarma en todo el país, el 25 de octubre, Madrid estableció un toque de queda a la movilidad de 00.00 a 6.00 horas en toda la región y volvió al modelo de restricciones a la movilidad en las zonas con más incidencia de coronavirus.

Entonces también quedaron limitadas a seis personas las reuniones de no convivientes.

La polémica del Zendal

Madrid tuvo una tendencia de contagios descendente prácticamente todo octubre y noviembre, aplicando cierres perimetrales para toda la región en los puentes de Todos los Santos, la Almudena y la Constitución, pero sin cerrar en ningún momento los comercios ni la hostelería, que se mantuvieron con limitaciones de aforo.

El 1 de diciembre tuvo lugar uno de los hitos de la gestión de Ayuso: la inauguración del hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, ideado para atender a pacientes con coronavirus y tratar de descongestionar así el trabajo de otros centros de la región.

Un proyecto duramente criticado por los sindicatos y los grupos de la izquierda por su especificidad, su coste -al menos 100 millones de euros- y por la decisión de no dotarlo de plantillas propias. El Ejecutivo, por su parte, defiende que ya se está demostrando la utilidad del centro, que en la actualidad es el hospital con más pacientes de covid de Madrid.

En la primera semana de diciembre, Madrid registraba sus mejores parámetros epidemiológicos de todo el período entre la segunda ola COVID y la tercera ola COVID, con una incidencia acumulada inferior a la media nacional y prácticamente un tercio de los pacientes hospitalizados que había llegado a tener dos meses antes.

Navidad con restricciones

De cara a la Navidad, Ayuso insistía en mantener «las medidas sensatas y quirúrgicas que hasta la fecha han dado buenos resultados», rechazando «arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía».

Madrid estuvo entre las regiones que no endureció el toque de queda marcado por el Consejo Interterritorial de Salud, pero sí redujo el límite de las reuniones navideñas de diez a seis personas, con dos grupos de convivientes.

También decretó su cierre perimetral entre el 23 de diciembre y el 6 de enero.

No se modificaron, en cambio, los horarios de los establecimientos comerciales y de restauración que estaban vigentes desde el 25 de octubre: cierre de comercios a las 22:00 horas (salvo esenciales) y de bares y restaurantes a las 00.00 horas, aunque a las 23:00 ya no podían aceptar clientes y no prestaban servicio de barra.

Endurecimiento y marcha atrás

Entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, la incidencia acumulada de Madrid a 14 días pasó de 361 a 452 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los hospitales pasó de haber 1.516 a 2.121 ingresados con coronavirus en planta y de 297 a 377 en UCI.

La primera reacción de la Comunidad de Madrid a la incipiente segunda ola fue ampliar el número de zonas sometidas a restricciones de movilidad, y el 18 de enero, con la incidencia elevada a 790 casos, endureció sus medidas: adelanto del toque de queda a las 23.00 horas, y cierre de los bares y restaurantes a las 22.00 horas.

Una semana más tarde Madrid dio un paso más y adoptó sus limitaciones más duras desde que empezó la ‘nueva normalidad’: toque de queda a las 22.00 horas, cierre de la hostelería y el resto de establecimientos no esenciales a las 21.00 y prohibición de reuniones en domicilios de personas que no sean convivientes.

Esta última orden entró en vigor el lunes 25 de enero, con 4.331 ingresados en planta, 663 en UCI y una incidencia acumulada de 946 casos por cada 100.000 habitantes.

También se redujo ese día el número máximo de comensales en una mesa en los establecimientos de hostelería de seis a cuatro, aunque Ayuso ha anunciado que esta medida se revertirá este viernes en el caso de las terrazas.
Además, la Comunidad de Madrid insistirá en la obligatoriedad de la mascarilla en el interior de bares y restaurantes, una norma que se impuso hace ya seis meses.

Por otro lado, un total de cuarenta clínicas y hospitales privados de la región vuelven a estar al servicio de la sanidad pública, como ya ocurrió al inicio de la pandemia, ante el aumento de los contagios y la presión hospitalaria en esta tercera ola.

En el caso de los pacientes con coronavirus que sean derivados, el coste será de 734,25 euros por paciente y día en planta y de 2.084,89 en la UCI.

Foto: EFE/Chema Moya