Madrid. Agencias. El sindicato de enfermería Satse ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra un eventual «traslado forzoso» de sanitarios al nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal, y asegura haber recogido ya más de 2.000 firmas en menos de 12 horas.
En un comunicado, Satse explica que sus delegados sindicales en centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) han recabado más de dos mil «escritos de disconformidad» rubricados por profesionales que se oponen a ser «trasladados forzosamente, a que se disminuya la plantilla de sus actuales centros de trabajo y a que no se respeten sus condiciones de trabajo».
Además, el abono de «una compensación económica a estos sanitarios no ha caído bien entre los trabajadores del Sermas», según Satse para quien el anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de que «se bonificará a los profesionales sanitarios obligados a trabajar en el hospital genera gran malestar entre los profesionales».
Satse Madrid considera que debería «haberse premiado ya a todos los que trabajaron durante la pandemia, es decir, a toda la plantilla del Sermas y de las residencias de mayores» de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Los enfermeros de estos centros, donde ya existe «una preocupante falta de personal, se verán obligados a abandonar sus puestos de trabajo, para de manera totalmente arbitraria y discrecional, ser trasladados» al hospital de pandemias de Valdebebas, continúa Satse.
«Sin haberse adoptado las medidas necesarias para la planificación eficiente de las necesidades de personal»
El sindicato denuncia, además, que serán reubicados “sin haberse adoptado las medidas necesarias para la planificación eficiente de las necesidades de personal y de las situaciones administrativas derivadas de la reasignación de efectivos”.
Desde Satse también critican que “están sin establecer las medidas necesarias para conseguir la estructura de recursos humanos para no dejar vacíos el resto de centros asistenciales, especialmente en materia de cuantificación de recursos, programación de acceso y movilidad geográfica”.
La decisión de la presidenta tiene «graves consecuencias» que repercuten en las condiciones de trabajo «del personal afectado por el traslado así como en los profesionales que se queden en sus destinos, al aumentar la ya de por sí precaria situación en la que prestan sus servicios como consecuencia de la falta de personal».
Asimismo, los sanitarios que han suscrito el escrito creen que podría «repercutir negativamente en la calidad asistencial que se va a dar a los usuarios de la sanidad pública», que se verán afectados por el «incremento de las listas de espera, pruebas atrasadas, intervenciones quirúrgicas suspendidas y todo ello con profesionales agotados física y mentalmente», concluye.
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