Política

Las reservas del PSOE enturbian los planes de Igualdad de agilizar la ley trans

Madrid. Agencias. Las reservas del PSOE sobre el borrador de la futura ley trans diseñado por Igualdad ensombrecen el plan de la ministra Irene Montero de aprobarlo en Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero: mientras Igualdad aspira a llegar a un acuerdo en pocos días, los socialistas hablan de que la negociación acaba de empezar y las posturas son alejadas.

La parte socialista del Gobierno ha avisado de que la negociación en el seno del Ejecutivo sobre la denominada ley trans -capitaneada por la ministra Irene Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo- está recién iniciada y los socios mantienen posturas diferentes sobre el «primer borrador» de Igualdad, que, según el lado socialista, solo recoge «las posiciones de Unidas Podemos«.

Limar matices, nada de diferencias

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad ha asegurado este miércoles que los anteproyectos de leyes trans y de igualdad LGTBI se aprobarán en el Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, que confía en que la negociación termine en acuerdo en pocos días ya que se parte de un consenso y sólo hay que limar matices, no diferencias.

«Hay negociaciones muchísimo más complejas que se han resuelto antes, estamos hablando de pocos días, pero quedan días de sobra», han indicado este miércoles fuentes del Ministerio dirigido por Irene Montero.

Sin precisar una fecha, fuentes socialistas del Gobierno han indicado que están de acuerdo en que los textos lleguen al Consejo de Ministros «lo antes posible», pero han añadido que para eso «hay que trabajar mucho y muy bien».

Los borradores de las leyes

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dispone de los borradores de los anteproyectos de ley trans y de igualdad LGTBI desde hace 15 días y ha mantenido dos reuniones con Irene Montero para abordar estos textos.

El borrador de la ley trans incluye la despatologización de la transexualidad y reconoce la autodeterminación del género -también para los menores-, mientras que la ley de igualdad LGTBI prevé sanciones de hasta 150.000 euros para conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso.

Las posturas los socios del ejecutivo

Con respecto a las posturas que mantienen los socios del Ejecutivo de coalición con respecto a la ley trans, fuentes de Igualdad han precisado que se trata de matices, no de diferencias, ya que parten «de un consenso enorme» que es la ponencia aprobada en el Congreso de los Diputados en 2019 y que fue respaldada por ambos partidos.

Unas afirmaciones que contrastan con el mensaje de los socialistas, que hablan de posturas alejadas, de que la negociación está recién iniciada y de que el borrador aún no cuenta con los informes preceptivos de los ministerios afectados, el de Sanidad y el de Justicia.

PSOE

Desde el PSOE han insistido en que el camino para articular esa ley no ha hecho más que empezar, que el objetivo es que tenga la calidad normativa «que resista el filtro del Tribunal Constitucional», y han pedido a Unidas Podemos que se trabaje por lograr un equilibrio aunque se parta de posiciones separadas.

Además, han incidido en que los colectivos a los que se reconocen los derechos «no están aislados», de modo que, sostienen, al articular la norma, se debe tener en cuenta cómo afectan esos derechos a todos los demás españoles. «No es una tarea sencilla», han avisado.

«Lo que más nos interesa es llegar a un acuerdo», han afirmado, por su parte, desde Igualdad, ministerio que seguirá «trabajando con quien haga falta para llegar a consensos» que blinden los derechos del colectivo LGTBI.

Un comunicado que afirma una base sólida

En un comunicado conjunto, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans han defendido que los borradores cuentan con una base sólida y con garantías jurídicas para construir un marco normativo «fuerte» en favor de la igualdad de derechos.

Creen que tanto la ley trans como la LGTBI reproducen las conclusiones de la legislación sobre derechos trans aprobada en la pasada legislatura y que contaba con informes favorables del Ministerio de Justicia. Por este motivo, confían en que se cumplan los plazos previstos y puedan celebrar su aprobación en el marco del Orgullo 2021.

La fiscal general del Estado no opina

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha evitado opinar, «por prudencia» y hasta que no se conozca el texto final, sobre el borrador de la ley trans diseñado por el Ministerio de Igualdad, aunque ha valorado la importancia de reconocer «derechos y libertades».

Delgado ha hecho referencia al carácter temprano del borrador, que hace que le resulte «muy complicado» opinar sobre sus detalles y consecuencias jurídicas, algo que «por prudencia» ha rechazado hacer hasta que no se sepan «los términos de la norma».

Foto: Unsplash/Delia Giandeini

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