Madrid. Agencias. El juez que investiga el caso Púnica ha citado a una nueva tanda de investigados, en total 17, entre los que se encuentran varios exalcaldes del PP de municipios madrileños y el actual comisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, que este jueves ha renunciado a su cargo.

Continúa así el caso Púnica, que estalló hace ya seis años, con nuevas citaciones que se enmarcan dentro de la pieza diez, centrada en la contratación de varias empresas vinculadas a la trama por parte de diversos ayuntamientos del país y de la Consejería de Educación de Madrid para mejorar la imagen en medios y redes sociales de los alcaldes con cargo presuntamente a los fondos públicos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a petición de la Fiscalía al exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, hasta hoy comisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo; y a Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y en el momento de los hechos jefe de gabinete de la exconsejera madrileña Lucía Figar.

Servicios pagados con fondos públicos

En relación al primero, la Fiscalía sostiene que en 2011, cuando era alcalde de Alcobendas, García de Vinuesa habría acordado con Alejandro Pedro, presunto «conseguidor» de la trama de contratos de reputación online y ya imputado, trabajos para ofrecer una «imagen positiva» que «le favoreciese» y que serían pagados con fondos públicos pese a que sabía «que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él».

A Balbín el juez le imputa por los trabajos de reputación que recibió presuntamente la exconsejera Lucía Figar entre 2011 y 2014, además de a otros investigados que habrían participado para que estos servicios se pagasen con dinero público y de forma encubierta.

«Instado» por Figar, dice la Fiscalía, su entonces jefe de gabinete de prensa Pablo Balbín aceptó presuntamente su petición de «participar en el engaño».

El magistrado de la Audiencia Nacional pide también a las Cortes Valencianas que certifiquen si Víctor Soler mantiene la condición de diputado para, en su caso, decidir si eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en la que solicitar que le investigue, dada su condición de aforado.

En su caso los hechos se centran en 2012, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Gandía y secretario general del PP en dicha localidad. Según la Fiscalía, Soler habría concertado presuntamente con otro cargo del partido y con el alcalde «cómo satisfacer la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación» para el regidor.

García Castellón también cita a la exalcaldesa de Denia Ana Maria Kringe; al de Castellón de la Plana Juan Alfonso Bataller; y los exregidores de los municipios madrileños de Coslada y Majadahonda, Raúl López y Narciso de Foxa, respectivamente.

Les imputa, entre otros, delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación o falsificación de documentos mercantiles.