Madrid. Agencias. La negociación para regular la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales, los denominados «riders», podría estar cerca del acuerdo después de que su contenido se haya limitado a trasladar la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que estos trabajadores son falsos autónomos.
No obstante, el documento presentado este miércoles por el Gobierno introduce un cambio en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar a los representantes de los trabajadores derecho de información sobre las implicaciones laborales que puedan tener los cálculos matemáticos o algoritmos utilizados por estas plataformas, han informado fuentes del diálogo social.
Los sindicatos habían reclamado una ley más ambiciosa que incluyera la obligación de un registro de plataformas y de algoritmos, algo que ha quedado desestimado porque excedía las competencias y conllevaba implicaciones jurídicas, además de contar con el rechazo frontal de la patronal.
Prioridad para el Gobierno
Con la jurisprudencia en la mano, y el compromiso marcado desde el inicio de la legislatura, el Gobierno busca legislar para que quede clara la relación de laboralidad y mejorar así la protección de estos trabajadores.
El objetivo del Gobierno pasa por cerrar cuanto antes, a poder ser la próxima semana, el texto de una ley que finalmente será escueto, tras renunciar a uno de los objetivos planteados en el arranque de la negociación, que era llegar a más sectores y servicios donde se pudieran dar situaciones de falso trabajo autónomo.
El Gobierno trasladó el miércoles 20 a patronal y sindicatos el último borrador de la ley con la intención de convocar una próxima reunión, que espera que sea concluyente, una vez que las partes trasladen las últimas aportaciones para cerrar esta normativa.
Desde Trabajo señalan que a esa cita se llevará una nueva propuesta en aras de intentar cerrar un texto cuanto antes tras meses de negociaciones.
«No queremos que se dilate más»
Lo apuntan las mismas fuentes, que recuerdan que desde la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo abordar esta situación ha sido una prioridad.
Agentes sociales
La nueva propuesta, que se terminará de cerrar en los próximos días, incorpora algunos planteamientos de los agentes sociales con el fin de intentar consensuar la normativa aunque, si no se logra un acuerdo, el Gobierno legislará, añaden las mismas fuentes.
Uno de los puntos de desencuentro de la normativa ha sido la creación de un registro público de plataformas digitales, que incluyan los algoritmos que utilizan para repartir el trabajo.
Esta petición sindical generó reticencias en la patronal CEOE, que considera que se estaría revelando información confidencial y quedó descartado al exceder las competencias de Trabajo, explican fuentes del dialogo social.
No obstante, tras una sentencia italiana que determinó que el algoritmo utilizado por una plataforma de reparto discriminaba quién se enferma y quién se declara en huelga, la ministra de Trabajo aseguró en su cuenta de Twitter que es «imprescindible» garantizar el trabajo decente.
¿A quién protege la ley?
Otro escollo en las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicato fue el marco de actuación de la normativa y a qué trabajadores, además de a los repartidores de comida a domicilio, podría amparar.
Desde CCOO reconocen que el tema está en el mismo punto que se dejó en la última reunión de diciembre y esperan esa propuesta de Trabajo de la próxima semana para ver cómo avanza el tema y con qué planteamiento llega la CEOE.
«Hay que ver cómo codificar en la normativa esas sentencias»
Lo señalan desde CCOO, una situación que también se repite más allá de las fronteras españolas, aunque con distintos resultados.
El Gobierno francés, por ejemplo, ha decidido legislar para mantener a los trabajadores de plataformas de reparto como autónomos pero con mayor protección laboral.
Por el contrario, en países como Estados Unidos, concretamente en el estado de California, las empresas de la economía colaborativa deben contratar formalmente a sus trabajadores, y en otros, como Brasil, Ecuador o Argentina, los repartidores reclaman mejoras laborales y mayor protección reivindicando sentencias judiciales.
¿En qué consistirá la ley?
El objetivo de la ley finalmente se limitará a trasladar la sentencia del Supremo que dejaba clara la laboralidad de los trabajadores a través de plataformas digitales, aplicaciones y otros medios técnicos, para concretarse en la figura del repartidor o «rider».
Afectará por tanto a empresas como Glovo o Deliveroo, que contratan como autónomos repartidores a domicilio en bicicleta, y que se han enfrentado a numerosas inspecciones de trabajo y denuncias en los juzgados por esta cuestión.
De cara a 2021, la Inspección tiene entre sus objetivos la lucha contra los falsos autónomos, con la previsión de regularizar la situación de 22.000 trabajadores.
El caso Deliveroo
Esta misma semana, el juzgado social número 24 de Barcelona ha dictaminado en una nueva sentencia que los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos y ha avalado la actuación que llevó a cabo la Inspección de Trabajo en 2018, cuando reclamó a la firma 1,3 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales no abonadas.
Según los últimos datos de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en las principales plataformas estas empresas deben en cuotas a la Seguridad Social casi 26 millones de euros con cerca de 18.000 trabajadores dados de alta.
Foto: EFE/Rodrigo Jiménez